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La Suprema Corte de Estados Unidos desestimó por unanimidad la demanda interpuesta por el Gobierno de México contra fabricantes de armas estadounidenses, quienes fueron acusados de facilitar el tráfico de armamento hacia los cárteles mexicanos del narcotráfico.
La decisión, redactada por la magistrada Elena Kagan, estableció que la demanda mexicana no logró demostrar de manera convincente que los fabricantes de armas ayudaron y fueron cómplices en las ventas ilegales de armas de fuego a traficantes mexicanos por parte de distribuidores estadounidenses.
"La denuncia de México no alega de manera convincente que los fabricantes demandados de armas de fuego ayudaron y fueron cómplices de las ventas ilegales de armas de fuego de los distribuidores a los traficantes mexicanos", escribió Kagan en nombre del tribunal.
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LA CONTROVERSIA
La demanda mexicana se centró en la acusación de que empresas como Smith & Wesson y otros fabricantes de armamento hacían caso omiso del tráfico de cientos de miles de armas de alto poder fabricadas en territorio estadounidense que posteriormente llegaban de forma ilegal a manos de los cárteles mexicanos.
El argumento central del gobierno mexicano sostenía que México es un país donde la adquisición legal de armas presenta restricciones considerables. En todo el territorio nacional existe únicamente una tienda donde es posible comprar armas de manera legal, sin embargo, el país se encuentra inundado de armamento ilegal que frecuentemente termina en poder de organizaciones criminales.
México mantuvo durante el proceso que este flujo constante de lo que denominó "armas del crimen" proviene de Estados Unidos, donde los fabricantes conocen la identidad de los distribuidores que realizan operaciones ilegales.
Jonathan Lowy, abogado representante de México y presidente de Global Action on Gun Violence, había declarado anteriormente que los fabricantes no pueden escudarse detrás de intermediarios y fingir desconocimiento de las actividades ilícitas que se desarrollan en la cadena de distribución.
La industria de armas estadounidense rechazó estos argumentos y consideró que carecían de fundamentos sólidos. Lawrence Keane, abogado consultor de la National Shooting Sports Foundation, asociación comercial de la industria de armas de fuego, argumentó que cada venta realizada a un consumidor por parte de un distribuidor autorizado cuenta con la aprobación del gobierno federal.
Keane explicó que todas las transacciones requieren una verificación de antecedentes ordenada por el gobierno federal. Según su perspectiva, México estaba argumentando que un sistema de distribución legal aprobado bajo la ley federal constituía una forma de ayuda y complicidad con los cárteles.
Si ese fuera el estándar requerido para establecer responsabilidad, comparó Keane ante los jueces, empresas como Budweiser serían responsables de accidentes causados por conductores en estado de ebriedad en Estados Unidos y México.
QUÉ VIENE
La decisión unánime de la Suprema Corte representa un precedente significativo en las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos en materia de seguridad y tráfico de armas. La resolución judicial establece que los fabricantes de armas no pueden ser considerados legalmente responsables por el uso ilegal que terceros den a sus productos cuando estos son vendidos a través de canales de distribución autorizados.
Esta resolución cierra una vía legal que México había explorado para abordar el problema del tráfico de armas desde una perspectiva de responsabilidad civil, obligando al país a buscar alternativas diplomáticas y de cooperación bilateral para enfrentar el flujo de armamento ilegal hacia territorio mexicano.
El fallo judicial también establece un marco jurídico que protege a los fabricantes estadounidenses de armas de responsabilidades derivadas del uso criminal de sus productos en países extranjeros, siempre que las ventas se realicen a través de distribuidores autorizados que cumplan con los procedimientos legales establecidos.
