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Cuatro meses después de haber perpetrado su delito, un jurado federal emitió ayer la acusación formal contra Luigi Mangione por cuatro cargos relacionados con el asesinato del director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, ocurrido en Nueva York.
Mangione, de 26 años y miembro de una de las familias más aristócratas de Baltimore, enfrenta ahora cargos federales además de las acusaciones estatales por homicidio y otros delitos relacionados con el ataque del 4 de diciembre en el centro de Manhattan.
El documento de la acusación federal presentado incluye dos cargos por acoso, uno por homicidio mediante el uso de arma de fuego y una infracción por el presunto uso de un silenciador durante el crimen.
Según la investigación, Mangione disparó a Thompson por la espalda mientras la víctima caminaba por la acera hacia una conferencia. UnitedHealthcare es la compañía de seguros médicos privados más grande de Estados Unidos, y las autoridades han confirmado que Mangione seleccionó específicamente a Thompson como su objetivo mortal.
Los peritos federales encontraron en la escena del crimen dos casquillos y una bala con las palabras "negar", "destituir" y "retrasar" escritas en ellos, lo que añade elementos que sugieren premeditación.
Según algunas de las investigaciones periodísticas alrededor del caso de Mangione sugieren que estas palabras tenía relación con las estrategias que extraoficialmente tienen las aseguradoras para evitar pagar los gastos médicos de sus clientes y que, al parecer, le afectaron al propio acusado cuando tuvo una lesión de columna por la práctica de remo como estudiante de la Universidad de Pensilvania.
La Fiscal General Pam Bondi instruyó a los fiscales federales “para que soliciten la pena de muerte en este caso mientras llevamos a cabo la agenda del Presidente Trump para detener el crimen violento y hacer América nuevamente segura”.
La mención a Trump y la frase “hacer América nuevamente segura” es el principal argumento de la defensa de Mangione para desestimar la petición de pena de muerte, pues sostiene que se trata de un ardid político, no judicial.
Las autoridades continúan la investigación para esclarecer los posibles motivos detrás del ataque, mientras el proceso judicial avanza tanto en el ámbito federal como estatal.
