Pablo tomó como cosa sin importancia no pagar la pensión alimenticia de su hijo.
Como a muchas cosas no le puso seriedad y dejó de aportar quincenalmente a Jazmín, su ex esposa, para la manutención de Rodrigo.
A los reclamos de Jazmín, Pablo respondía con evasivas y burlas; llegó al extremo de decirle que Rodrigo ya debería trabajar.
Agotada su paciencia, Jazmín denunció a Pablo ante el ministerio público por el delito de incumplimiento de obligaciones alimentarias, por lo que se le inició una carpeta de investigación, y fue citado ante un juez de control para ser procesado penalmente.
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Pablo volvió a poner los pies en la tierra, pues el juez le hizo saber que estaba en la antesala de la cárcel, a menos que… se pusiera al corriente en el adeudo que acumulaba, comprometiéndose a través de un convenio de mediación con Jazmín, en el Centro de Justicia Alternativa (CJA) del Poder Judicial de la Ciudad de México (Niños Héroes 133, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc).
El juez le hizo saber que ahí, mediante la justicia alternativa, podría librar el proceso penal si convenía con su ex esposa, a fin de pagar hasta el último centavo.
Fueron citados en la sede del CJA para recibir el servicio de facilitación penal, donde el facilitador asignado les explicó que el objetivo era garantizar la reparación del daño a la víctima, en este caso Rodrigo, y, una vez cumplido a cabalidad Pablo pudiera quedar a salvo del proceso penal.
Se les dio la oportunidad de explicar a cada uno la visión que tenían del conflicto, así como sus expectativas de solución. Jazmín expresó las carencias y desesperación que vivía al no contar con recursos para atender las necesidades Rodrigo. También expresó su disposición a otorgar tiempo razonable para que su ex esposo se pusiera al corriente.
Por su parte, Pablo al escuchar lo vivido y propuesto por Jazmín, tomó la decisión de hacer un plan de pagos para dar cumplimiento a su adeudo y poder continuar con su obligación alimentaria, reconociendo la disposición de Jazmín de darle la oportunidad de no continuar con el procedimiento penal.
Así, Pablo reconoció un adeudo por 35 mil pesos, de los cuales ofreció pagar el 50 por ciento en tres días, y en resto en el plazo de un mes. En esos términos firmaron el convenio, que una vez aprobado por el juez de control, restituyó los derechos del menor de edad y permitió a Pablo quedar a salvo de ser sometido a juicio.
