A Antonio todo comenzó a jugarle en contra. A tal grado que nunca pensó estar al borde de la cárcel por no pagar la pensión alimenticia a sus hijos.
Le llegó un citatorio para presentarse no ante un juez familiar, sino ante uno penal, por incumplimiento de la obligación alimentaria contra sus dos hijos, por denuncia interpuesta por Miriam, su exesposa.
Dada la naturaleza del delito, el juez de control que conoció del caso lo remitió al servicio de facilitación penal en el Centro de Justicia Alternativa (CJA) del Poder Judicial de la Ciudad de México (Niños Héroes 133, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc), para que Antonio propusiera a Miriam firmar un acuerdo reparatorio y se comprometiera a pagar lo adeudado a sus hijos, y con ello dejar a salvo sus derechos y seguir en libertad.
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En la primera sesión de facilitación penal, Antonio apeló a la comprensión de Miriam al argumentar que su incumplimiento derivó de la falta de ingresos, pero ella recriminó su desobligación.
Miriam dijo que el adeudo ascendía a 30 mil pesos. Con miedo de ser encarcelado, Antonio expuso que sí, pero no sabía cuándo volvería a tener ingresos.
Ya en la segunda sesión, él adujo que seguía sin trabajo, pero propuso pagar con despensa, ropa e incluso con algunos muebles, que adquiriría a crédito.
Miriam aceptó y fue a la tienda para adquirir lo que necesitaban sus hijos. Hechas las compras en dos quincenas, ambos firmaron el acuerdo reparatorio, se cerró el proceso penal contra él, pero le advirtieron que si incumplía de nuevo con la obligación alimentaria y reincidía, ya no tendría la opción del mecanismo de justicia alternativa, que es la facilitación penal.
