Martín y Esmeralda, obreros en una maquiladora, postergaron su divorcio por falta de dinero para pagar a abogados que les llevaran el litigio ante un juzgado familiar.
Su salario apenas les daba para mantener a Esteban y Pamela, sus dos hijos.
La convivencia cotidiana entre ellos era muy complicada y además del hogar, compartían trabajo.
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Exploraron la asesoría jurídica gratuita del gobierno, pero las citas se complicaban.
Luego se enteraron del Centro de Justicia Alternativa (CJA) del Poder Judicial de la Ciudad de México (Niños Héroes 133, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc), donde por fin vieron posibilidades reales de avanzar en su divorcio, ya que una amiga común les comentó de la mediación familiar gratuita sin la necesidad de abogados.
Lo mejor, les dijo, es un proceso rápido en el que ambos participan de manera proactiva, y en el que en máximo tres sesiones pueden resolver su controversia.
Acudieron juntos y el servidor público asignado les confirmó que podían firmar un convenio de mediación respecto a pensión alimenticia de los hijos, guarda y custodia y régimen de visitas y convivencias, pero precisó que el divorcio como tal sí tenía que decretarlo un juez.
Aceptaron y en la tercera sesión, sólo acordaron detalles sobre visitas y convivencias a favor de él con sus hijos, la guarda y custodia de Esteban y Pamela para Esmeralda, y pactaron el porcentaje de pensión alimenticia para los menores.
Así firmaron el convenio de mediación, el cual, les dijo el mediador, contaba con la fuerza de una sentencia, y que, presentado ante el juez de lo familiar, allanaba en mucho el camino para que este decretara el divorcio.
