Después de separarse de Martha, Rubén hizo lo que cualquiera en su lugar: contrató a un abogado e inició un juicio de divorcio ante un juzgado familiar. Lo que nunca imaginó fue que sería engorroso, tardado y costoso, también en buena medida por las chicanadas del abogado de ella.
Tras más de dos años, el juez de lo familiar no emitía la sentencia de divorcio, porque no acordaban la repartición de los bienes adquiridos durante el matrimonio.
Rubén conocía a la mujer con la que compartió 20 años de su vida, y sabía que quien había puesto tantas trabas no era ella, sino su abogado.
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La convenció de solventar la parte de la liquidación de bienes en el Centro de Justicia Alternativa (CJA) del Poder Judicial de la Ciudad de México (Niños Héroes 133, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc), a través de un convenio de mediación, tal y como se los habían recomendado en el juzgado familiar.
Martha también se encontraba muy desgastada y aceptó.
Ante el mediador expusieron el listado de bienes a repartir: una casa, un terreno, dos vehículos, el dinero en una cuenta de inversión y el menaje de la vivienda.
Al segundo encuentro llegaron con propuestas. Martha, a diferencia de lo que siempre peleó su abogado, cedió los vehículos y el terreno, y solo pidió la casa y cuenta al 50%.
Rubén se sorprendió de que le cediera el terreno, pues el abogado de Martha siempre se aferró a que este quedase a favor de ella, y eso fue lo que siempre trabó todo.
En esos términos, aceptaron firmar el convenio de mediación, cuya fuerza legal es la de una sentencia, y el cual fue remitido a la juez familiar, que cuando lo tuvo a la vista, ahora sí pudo emitir la sentencia de divorcio.
