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Las fiscalías estatales de México mantienen sin resolver el 83% de los homicidios dolosos registrados entre 2010 y 2022, según revela un informe publicado hoy por Human Rights Watch (HRW). El documento evidencia que, de 300,000 investigaciones iniciadas en ese periodo, solo 51,000 casos identificaron a un presunto responsable e iniciaron un proceso penal.
La organización internacional presentó su informe "Doble injusticia: Las falencias del sistema de justicia penal de México en la investigación de homicidios". La investigación se basa en entrevistas con cerca de 150 fiscales y policías de investigación de fiscalías estatales, asesores jurídicos de comisiones estatales de víctimas y otros operadores de justicia y expertos en el sistema de justicia penal mexicano en 11 estados, realizadas entre enero de 2023 y febrero de 2024.
México registró en 2023 una tasa de 25 homicidios por cada 100,000 habitantes, ubicándose entre las más elevadas del mundo. La explicación de los fiscales consultados es que la mayoría de los homicidios resultan de conflictos entre y dentro de los grupos del crimen organizado que luchan por el control del tráfico de drogas y otros negocios ilícitos.
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Sin embargo, el informe identifica problemas sistémicos que socavan las investigaciones: elevada carga de trabajo, recursos y formación insuficientes, coordinación ineficaz entre autoridades y falta de lineamientos claros sobre priorización de casos. Las investigaciones permanecen estancadas durante meses o años, y solo avanzan cuando reciben atención mediática negativa o presión de los familiares.
"La gente me dice: 'Déjalo. Estás amenazada. Dios hará justicia'", relató una mujer que ha enfrentado amenazas de muerte por parte de los presuntos autores del asesinato de su hijo e indiferencia de las autoridades de su estado. "Yo les digo: 'Hay un Dios, sí. Pero también hay autoridades aquí en la tierra. ¿Por qué no hacen nada?'"
Las víctimas enfrentan estigmatización, corrupción y abandono al intentar colaborar con las investigaciones. Las autoridades suelen suponer que las víctimas de homicidio estaban implicadas en actividades delictivas o de alto riesgo. Los familiares y sus asesores jurídicos reportan que las autoridades culpan a las víctimas por sus muertes o exigen sobornos para investigar.
Según una encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) citada en el estudio, 40% de las personas encarceladas por cargos de homicidio desde 2016 afirman que las autoridades las golpearon o torturaron para presionarlas a declararse culpables o aceptar una versión falsa de los hechos.
El informe de HRW señala que la militarización de la seguridad pública, el debilitamiento de las garantías del debido proceso y la politización de la justicia no han reducido la violencia criminal, y recuerda que, en septiembre de 2024, el Congreso aprobó modificaciones constitucionales que requieren que todos los jueces estatales y federales sean destituidos y sustituidos en elecciones populares.
"Para mejorar el rendimiento del sistema de justicia, las autoridades mexicanas deberían proteger a los jueces ante la influencia política, y no politizar aún más el sistema de justicia", señaló Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de HRW.
ESTAMOS VERDES… OLIVA
“La principal estrategia del gobierno mexicano para intentar frenar la violencia criminal durante las dos últimas décadas ha consistido en desplegar el Ejército para luchar contra grupos criminales y llevar a cabo otras tareas policiales. Desde cualquier punto de referencia, este enfoque ha fracasado”, sentencia el informe.
En diciembre de 2006, cuando el entonces presidente Felipe Calderón declaró la “guerra” al crimen organizado y lanzó la primera operación militar contra los carteles de la droga, la tasa de homicidios de México era una de las más bajas de América Latina. Para 2010, casi se había triplicado.
“En 2019, bajo el mandato del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, la Policía Federal fue disuelta y sustituida por la Guardia Nacional, un cuerpo de carácter militar. En 2024, el Congreso aprobó una reforma constitucional que otorgó a la Secretaría de la Defensa el control permanente de la seguridad pública a nivel federal. Cuando la presidenta Sheinbaum tomó posesión, cerca de 230,000 soldados se encontraban desplegados en el país”, recuenta HRW.
RECOMENDACIONES
El informe recomienda a las autoridades de México elaborar planes estratégicos de persecución penal enfocados en desmantelar grupos criminales, establecer normas claras para la carrera profesional, fortalecer las comisiones de víctimas y crear mecanismos de protección eficaces para testigos.
También hace recomendaciones para Estados Unidos, a cuyo gobierno sugiere dar prioridad a los programas de cooperación internacional destinados a apoyar la profesionalización de las agencias de seguridad y justicia en México.
La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) ha apoyado programas que brindan capacitación para fiscales, asesores jurídicos y defensores públicos y que ayudan a las fiscalías a desarrollar planes de persecución penal estratégica, programas que se encuentran suspendidos debido a una orden ejecutiva del presidente Donald Trump del 20 de enero de 2025.
“Estados Unidos también debería realizar esfuerzos urgentes, en cooperación con el gobierno mexicano, para detener el flujo ilegal de armas de fuego”, sostiene el reporte.
EL DIAGNÓSTICO DE HUMAN RIGHTS WATCH
- Las autoridades mexicanas no investigan eficazmente la mayoría de los homicidios, muchos de los cuales son cometidos por el crimen organizado.
- La militarización de la seguridad pública, el debilitamiento de las garantías del debido proceso y la politización de la justicia no ayudan a reducir la violencia criminal.
- La presidenta Claudia Sheinbaum debería atender el problema central del sistema de justicia penal: las prácticas investigativas ineficaces y abusivas de las fiscalías
