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El actor Axel Arenas enfrentó la presión mediática, el escarmiento público y la incompetencia de un sistema que criminaliza la pobreza; una buena defensa lo salvó
El día del feminicidio por el que fue acusado, Axel Arenas estaba fuera del país. Aun así, fue detenido y procesado como responsable del crimen, en un caso donde la evidencia inicial provino del señalamiento público y mediático, y no de la verificación documental básica: registros migratorios, vuelos, actividad bancaria y ubicación celular.
Axel regresaba de Colombia cuando fue detenido de manera repentina. No existía una orden de aprehensión en su contra, y fue esposado y trasladado al Ministerio Público sin que se le notificara formalmente el motivo de su detención.
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Fue dentro de las instalaciones donde se le informó que lo estaban acusando de feminicidio agravado. Lo más grave del caso no es solo la acusación en sí misma, sino la premisa sobre la que se construyó: se le vinculó por una coincidencia de contacto previo con la víctima y una fotografía, ignorando evidencias que probaban su ausencia del país.
La autoridad no cotejó los datos migratorios antes de detenerlo; procedió primero con la imputación, y después —ya con Axel encerrado— comenzó a revisar los elementos de prueba.
Axel describe la experiencia de ser señalado públicamente como feminicida como una destrucción de identidad social inmediata: su nombre aparece en medios, su imagen circula en redes y el juicio social se activa.
La acusación se convierte en sentencia moral mucho antes de que exista análisis jurídico. Una vez dentro de la cárcel, su preocupación principal era sobrevivir.
Relata que recibió instrucciones de otros internos sobre cómo comportarse, qué decir, a quién mirar y a quién no.
La cárcel funciona con códigos internos que no tienen relación con el proceso judicial: ahí ya no importa lo que uno sea, sino lo que se aparenta ser.
VIO LA LUZ
Finalmente, el caso dio un giro cuando sus abogados lograron revisar la carpeta de investigación y aportar pruebas documentales que demostraban que Axel no estaba en México el día del crimen.
Su liberación llegó cuando se acreditó su inocencia, pero su caso dejó expuesta una realidad más amplia: el sistema puede convertir a una persona en culpable público por velocidad, por presión y por necesidad de respuesta política.
Axel subraya que su historia tuvo un desenlace positivo en términos legales, pero reconoce el componente de privilegio: tuvo acceso a recursos, contactos y abogados que pudieron defenderlo correctamente.
Él mismo reconoce que muchas personas inocentes encarceladas no cuentan con esa posibilidad y permanecen detenidas sin un proceso justo.
Este caso pone sobre la mesa un problema estructural: se fabrica primero un culpable y luego se arman las pruebas.
También evidencia el impacto irreversible del señalamiento público, el costo emocional de la acusación y la urgencia de un sistema que priorice la investigación antes de la exposición mediática.








