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Raúl lleva cuatro años y diez meses en prisión, acusado de un delito que asegura no cometió. Es comerciante de material eléctrico, parte de un negocio familiar que ha operado durante más de tres décadas.
Antes de su detención, trabajaba junto con su padre y sus hermanos; durante la pandemia, se adaptaron vendiendo termómetros para sostener el ingreso familiar.
Raúl es el mayor de los hermanos, y su familia lo describe como responsable, trabajador y profundamente unido a los suyos.
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¿Puede una familia resistir cuando la justicia parece equivocarse?
Su padre es un exboxeador que padece Parkinson. Desde prisión, Raúl mantiene con él una rutina simbólica: sincronizan sus relojes y, a la misma hora, cada uno desde su espacio se sirven una taza de té para “sentirse juntos”.
Esa conexión diaria se ha convertido en un acto de resistencia emocional y en la manera en que ambos se acompañan pese a la distancia.
Está casado y tiene tres hijos. El mayor acaba de graduarse, el segundo cursa la universidad y el menor está por entrar a la secundaria. Desde el encierro, ha vivido momentos familiares difíciles, como una cirugía importante de uno de sus hijos, enfrentando la impotencia de ser padre desde la distancia.
“Paternar desde prisión”, dice, es una de las experiencias más duras que ha tenido. Su esposa, a quien describe como leal y resiliente, se ha mantenido firme a su lado, convencida de su inocencia.
El origen del caso se remonta a marzo de 2017, cuando su madre y su hermana sufrieron un accidente automovilístico. Raúl llamó a un policía del mercado, conocido de la familia, para pedir apoyo con una patrulla. Lo que no sabía es que ese policía ya estaba siendo investigado por secuestro y tenía el teléfono intervenido.
Años después, esa llamada sería usada para vincularlo con una red criminal. Fue detenido un martes mientras trabajaba. Le informaron que existía una orden de aprehensión en su contra por secuestro, con base en una supuesta similitud de voz encontrada en una grabación.
El audio, sin embargo, es de 1994 —cuando Raúl tenía apenas 16 años—, mientras que los secuestros atribuidos ocurrieron entre 2016 y 2017. Aun así, la Fiscalía usó esa grabación como prueba principal para sostener la acusación.
Durante el proceso, se le impidió comunicarse con su familia en las primeras horas de detención. Ha enfrentado audiencias aplazadas, pruebas mal integradas y una cadena de custodia cuestionable.
Existen tres carpetas con los mismos audios, utilizados reiteradamente para justificar una supuesta coincidencia de voz, pese a que las víctimas nunca lo reconocieron ni han tenido contacto con él.
Desde afuera, su hermana se ha convertido en su mayor defensora. Ha aprendido de leyes, ha acompañado el proceso y ha levantado la voz por la libertad de su hermano.
