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Brenda lleva más de 17 años sin sentencia. Fue detenida, torturada y encarcelada por un delito que afirma no haber cometido: el supuesto secuestro y asesinato de Hugo , en 2005. Su caso es uno de los más alarmantes ejemplos de cómo el sistema de justicia mexicano puede construir culpables, en lugar de buscar la verdad.
Brenda vivía en Estados Unidos cuando ocurrieron los hechos. Tenía un empleo, una vida estable, planes. Jamás imaginó que un día sería señalada como parte de una banda de secuestradores.
Las autoridades mexicanas no solo ignoraron las pruebas que demostraban que no estaba en el país, sino que además orquestaron su traslado a México sin las debidas garantías.
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“Yo no sabía por qué me estaban deteniendo”, recuerda.
“Solo me decían: ‘ya sabemos lo que hiciste’”, manifestó.
Lo que siguió fue un infierno. Estuvo incomunicada durante más de 30 días. La sacaban de madrugada, la golpeaban, la sumergían en agua. Le aplicaron asfixia con bolsas de plástico. “Me hacían firmar papeles con los ojos vendados”, denuncia. Durante las torturas, le decían: “Si no hablas, vamos a desaparecer a tu mamá”. A punta de amenazas le fabricaron una confesión. Una confesión que luego fue utilizada como prueba clave en su contra.
Pasó años recluida en penales de máxima seguridad. Fue aislada, vigilada las 24 horas del día, privada de contacto con otras internas. La trataban como si fuera una criminal de alto riesgo. Pero nunca se probó su participación directa en los hechos. Nunca hubo una prueba forense, un testigo presencial, un video, una llamada, nada que la ubicara en el lugar del crimen. Solo su “confesión” obtenida bajo tortura y la versión de una mujer poderosa: Isabel Miranda de Wallace.
“Te das cuenta de lo que es vivir con miedo constante. Con terror a que otra vez te vayan a sacar y a torturar”, dice Brenda.
DESESPERANTE
Pasó más de una década esperando audiencia tras audiencia, aplazamientos sin explicación, mientras los medios repetían la versión oficial como verdad absoluta. Durante todo ese tiempo, su voz fue silenciada, desacreditada, ignorada.
Ahora, desde su casa, bajo arresto domiciliario, Brenda ha comenzado a hablar. A romper el silencio. A contar lo que vivió.
“Esto no se lo deseo a nadie. Me quitaron mi juventud, mis sueños, mi salud mental. Pero no me voy a rendir”.
Ha presentado denuncias por tortura. Ha dado su testimonio a organismos nacionales e internacionales. Quiere justicia. Para ella y para todos los que han sido víctimas de un sistema más interesado en cerrar casos, que en investigar.
El caso de Brenda es una herida abierta en el Estado de derecho en México. Nos recuerda que la justicia no puede basarse en venganzas personales, ni en campañas mediáticas, ni en confesiones obtenidas a golpes.
Su historia debe ser escuchada, porque detrás de cada “culpable conveniente” puede haber una vida destruida injustamente.
