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Santiago Noé, Víctor y Pablo no se conocían antes de ser detenidos. No compartían círculos sociales, edades ni trayectorias de vida. Sin embargo, hoy están unidos por una misma causa: una sentencia de 60 años de prisión por un delito que aseguran no cometieron.
Este caso ejemplifica de manera escalofriante cómo el sistema de justicia puede convertir a hombres inocentes en culpables mediante fabricación de pruebas, abuso policial y negligencia institucional.
Santiago Noé era técnico con más de 10 años de experiencia en una empresa de telecomunicaciones. El 22 de junio de 2021 fue enviado a realizar un servicio técnico, justo el día que había pedido descanso para acudir al velorio del abuelo de su esposa. Su localización quedó registrada en la plataforma laboral.
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Sin embargo, tras acudir a un domicilio donde no fue recibido, fue interceptado por policías, golpeado, despojado de su celular y llevado a la fiscalía. Allí le dijeron que todo había sido un malentendido. Horas después, sin pruebas contundentes, fue acusado de secuestro. El juez lo vinculó a proceso basándose únicamente en testimonios contradictorios de tres policías. La empresa donde trabajó por una década no testificó a su favor.
Víctor, trailero y exagente de seguridad, fue detenido de forma arbitraria mientras caminaba por la calle. Le quitaron sus pertenencias y lo llevaron sin explicación junto con otros dos hombres —entre ellos Santiago—. En la fiscalía fue obligado a ponerse un uniforme de Izzi, golpeado y presionado para que confesara.
Nunca supo qué hacía allí. Su historial previo, ya con antecedentes penales, pesó más que cualquier evidencia. Le imputaron otras dos carpetas de investigación, ambas desestimadas. Su diagnóstico de diabetes e hipertensión y la pérdida de su padre, mientras estaba en prisión, lo llevaron a un intento de suicidio durante la pandemia. Víctor, sin embargo, encontró un nuevo propósito en un grupo religioso y sigue peleando por demostrar su inocencia.
Pablo, por su parte, fue detenido tras fumar marihuana en una manifestación. No tenía documentos oficiales por ser hijo adoptivo sin acta de nacimiento. Al momento de su detención, fue encapuchado, obligado a vestirse con ropa ajena y llevado a una casa donde presuntamente había ocurrido un secuestro.
En el video que lo inculpa, aparecen policías simulando una detención. Pablo no conocía a los otros acusados. A pesar de mostrar pruebas de su ubicación a través de su celular y la declaración de una víctima que aseguraba que no era él, fue sentenciado. Su juicio duró más de tres años. Asegura haber presenciado corrupción dentro de la fiscalía y haber sido víctima de una fabricación de culpables.
Tres hombres, tres historias distintas, una misma injusticia. Los une la arbitrariedad con la que se les detuvo, la falta de pruebas sólidas, el uso de violencia institucional y la omisión de elementos exculpatorios. Hoy, los tres siguen en prisión, aferrados a la esperanza de que la verdad, aunque tarde, salga a la luz.
