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Diego Santoy recibió una sentencia de 138 años, sin embargo, una serie de irregularidades mantiene la atención pública sobre el caso
El caso de Diego Santoy Riveroll representa uno de los episodios más mediáticos en los anales criminales de México. En 2006, fue señalado como responsable del homicidio de los hermanos Peña Coss, de 7 y 3 años, en Monterrey, Nuevo León.
Las investigaciones indicaron que Diego ingresó a la residencia de su expareja, Erika Peña Coss, donde se encontraba su familia.
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Durante la madrugada, los dos menores fueron asesinados, la madre de Erika resultó herida y la trabajadora doméstica fue secuestrada. Erika sobrevivió con lesiones graves e identificó a Diego como el perpetrador.
Desde su captura, el caso estuvo plagado de anomalías. Santoy manifestó haber sido sometido a torturas y coaccionado para admitir su culpabilidad. Posteriormente, aseguró que Erika Peña Coss también estuvo implicada en los acontecimientos, y que él actuó bajo su manipulación.
No obstante, ella jamás enfrentó cargos, lo que suscitó dudas sobre la objetividad de las pesquisas y la posible injerencia de la familia Peña Coss en el sistema judicial.
El proceso judicial exhibió numerosas contradicciones. Se reportaron transgresiones al debido proceso, como la eliminación de registros de su testimonio y la carencia de representación legal adecuada en sus comparecencias iniciales.
A pesar de estas objeciones, en 2010 recibió una condena de 138 años de reclusión por homicidio calificado, tentativa de homicidio, privación ilegal de la libertad y hurto vehicular.
El caso Santoy se transformó en un fenómeno mediático sin precedentes. Los medios explotaron la narrativa con coberturas exhaustivas, reconstrucciones del crimen y entrevistas que contribuyeron a forjar su imagen como un asesino despiadado.
Esta sobreexposición influyó en la percepción pública y generó cuestionamientos sobre la ética periodística en casos criminales de alto impacto.
En 2022, se decretó la reposición parcial de su proceso debido a irregularidades identificadas en la recolección de evidencias y su declaración inicial. Se reprogramaron confrontaciones con testigos esenciales, aunque algunos no comparecieron, complicando las posibilidades de alcanzar una resolución definitiva.
Actualmente, Diego Santoy continúa purgando su sentencia en una prisión de Nuevo León, mientras aguarda nuevas audiencias que podrían modificar su condena.
Su caso sigue provocando controversia, no solo por la crueldad del crimen, sino por las incertidumbres persistentes sobre la verdadera responsabilidad de cada involucrado y la imparcialidad del proceso judicial.
