Un revuelo sacude al fútbol mexicano y a la directiva de la Liga MX. Jesús Martínez Patiño, el influyente Presidente de Grupo Pachuca (dueño de clubes como Pachuca y León), enfrenta una orden de aprehensión emitida por un juez de control de la Ciudad de México. La medida judicial se debe al presunto delito de desobediencia de particulares agravado, un hecho que podría marcar un precedente histórico en el

La orden no solo involucra a Martínez Patiño, sino también a Hipólito Gerardo Cabrera Acosta, el representante

Ambos directivos fueron declarados sustraídos de la acción de la justicia tras incumplir en dos ocasiones la citación a una audiencia inicial donde se les formularía la imputación correspondiente, sin presentar

¿Cuál es la razón específica detrás de la orden de detención?

El proceso judicial está directamente ligado a una disputa por los derechos de transmisión de los partidos de los equipos de Grupo Pachuca. La controversia surgió a raíz de una resolución que obligaba al Club Pachuca a abstenerse de realizar ciertas transmisiones deportivas que se encontraban en litigio.

Al parecer, la directiva incumplió reiteradamente esta resolución judicial, lo que llevó al juez a tipificar el acto como desobediencia de particulares. Este delito, establecido en el Código Penal, sanciona el desacato a órdenes emitidas por autoridades judiciales o administrativas.

¿Qué consecuencias legales enfrenta ahora el presidente de Grupo Pachuca?

Dado que la orden de aprehensión ya fue emitida, Jesús Martínez y su representante legal son considerados formalmente prófugos de la justicia en México. Esto significa que, una vez que la orden sea ejecutada, ambos podrían ser detenidos y trasladados al Reclusorio Preventivo Varonil Norte de la Ciudad de México para continuar con el proceso judicial.

Esta situación genera gran incertidumbre sobre el futuro legal de uno de los directivos más poderosos del fútbol mexicano y sobre las operaciones cotidianas de los equipos que conforman el Grupo Pachuca. La resolución judicial busca clarificar responsabilidades y podría sentar un precedente inédito en casos que involucran a directivos de clubes y el desacato judicial.

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