La polémica entre Inés Gómez Mont y su esposo, el abogado Víctor Álvarez Puga, sigue acaparando titulares. Recientemente se dio a conocer que Álvarez Puga fue detenido en Miami, Florida, según los registros del Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras (ICE). El abogado fue ingresado al Krome North Service Processing Center, una instalación destinada principalmente a migrantes en situación irregular, no a personas acusadas de delitos penales.
La noticia impactó a la opinión pública mexicana, ya que marca un nuevo giro en el caso. La Fiscalía General de la República (FGR) continúa con el proceso de extradición, mientras que en Estados Unidos un juez migratorio ya determinó su deportación. No obstante, los abogados de Álvarez Puga apelaron la decisión, lo que ha retrasado su expulsión inmediata a México.
Inés Gómez Mont, reconocida conductora mexicana y figura activa en redes sociales, huyó del país en 2021, en plena pandemia de COVID-19, luego de que se diera a conocer que la FGR emitió órdenes de aprehensión en su contra por peculado, y contra su esposo por delincuencia organizada y lavado de dinero.
De acuerdo con las investigaciones, el matrimonio habría desviado más de 300 millones de pesos provenientes de instituciones gubernamentales. El caso generó gran indignación entre los ciudadanos, quienes cuestionaron cómo el abogado, conocido por su exitosa firma legal, logró manipular recursos públicos de tal magnitud.
Así operaban Víctor Álvarez Puga e Inés Gómez Mont para desviar millones
Tras emitirse las órdenes de aprehensión, diversos medios comenzaron a investigar el presunto modus operandi del matrimonio. Las indagatorias de la FGR y varios reportajes periodísticos revelaron un complejo esquema de corrupción y lavado de dinero.
El portal Animal Político, en un reportaje de Zedrik Raziel, documentó cómo operaba la red encabezada por Álvarez Puga. Según el informe, utilizaban contratos simulados con dependencias gubernamentales, principalmente con la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y el Sistema Penitenciario Federal, durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto. El desvío total habría alcanzado casi 3 mil millones de pesos (alrededor de 145 millones de dólares).
El esquema incluía empresas fantasma o “factureras”, utilizadas para simular la prestación de servicios que nunca se realizaron, como la supuesta implementación de software para reforzar la seguridad en siete prisiones federales.
El lavado de dinero se realizaba mediante transferencias entre múltiples cuentas bancarias, con el objetivo de ocultar el origen ilícito de los fondos públicos. Finalmente, parte del dinero terminaba en las cuentas personales de Inés Gómez Mont y Víctor Álvarez Puga.
Además, la pareja está acusada de evasión fiscal, pues habría utilizado decenas de cuentas bancarias para mover y esconder recursos. Dichas cuentas fueron congeladas por el gobierno mexicano tras emitirse la orden de aprehensión, aunque algunas fueron liberadas meses después.
