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El pasado mes de febrero, Inés Gómez Mont cometió un error del que se arrepentirá toda su vida, ya que activó su cuenta de X (antes Twitter) dando el pésame a Pati Chapoy por la muerte de Daniel Bisogno y, fue ahí que las autoridades mexicanas, supieron que la exconductora del programa ‘Ventaneando’, se ubicaba en Town & Ranch Estates, en Miami, Florida.
Pese a que prepara una defensa para no ser extraditada a México, las autoridades de la Unidad de Inteligencia Finanaciera, cuyo titular es Pablo Gómez, afirmó que en caso de que Gómez Mont llegara ante los tribunales mexicanos, le esperaría un proceso donde podría terminar pasando entre tres meses y 20 años de prisión.
Inés Gómez Mont y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, enfrentan una denuncia interpuesta por la Fiscalía General de la República por los presuntos delitos de delincuencia organizada, peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
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Cabe señalar que el delito de peculado del que se le acusa a Inés tiene penas que van desde los tres meses hasta los 14 años de prisión. En caso de que el proceso legal determinara a Inés como responsable del delito de delincuencia organizada, la conductora ameritaría de 10 a 20 años de prisión, de acuerdo con la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
El pasado 26 de marzo se aprobó un amparo solicitado por Gómez Mont y Álvarez Puga, lo que permitió que fueran eliminados de la Lista de Personas Bloqueadas de la UIF. Esto les otorga la posibilidad de utilizar nuevamente el sistema financiero nacional sin restricciones. Sin embargo, Pablo Gómez enfatizó que esta medida no elimina las órdenes de aprehensión que pesan sobre ambos.
Específicamente se habla de la malversación de recursos públicos por 2 mil 950 millones de pesos del presupuesto de la Secretaría de Gobernación (Segob), bajo la conducción de Miguel Ángel Osorio Chong, en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Los contratos fueron adjudicados en agosto y octubre de 2016, supuestamente para comprar un programa de interconexión de siete penales federales al C4 del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, y fueron declarados reservados por el Comité de Transparencia de dicha institución durante 5 años alegando motivos de seguridad nacional.
Los documentos presentados por Víctor Manuel Álvarez Puga e Inés Gómez Mont fueron considerados fraudulentos por la autoridad hacendaria, al detectar que se simuló la competencia entre varios proveedores en el proceso de licitación, manipulación de entregables y hasta la presunta falsificación de firmas de funcionarios del órgano que administra las cárceles federales.
