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Los testigos coinciden en que los reclutas tenían dos opciones: delinquir bajo las órdenes del CJNG o morir.
Una vez en el adiestramiento, no todos eran preparados para matar, a algunos se les obligaba a sembrar, procesar o empaquetar droga, pero siempre bajo un estrés sicológico, con castigos como ver el asesinato de otras personas o estar encadenados bajo el sol.
Esta transición de víctimas a victimarios se nota también en estadísticas a las que se accedió vía transparencia. Entre 2018 y 2025, al menos 111 personas fueron detenidas por delitos federales y previo a su detención tenían una denuncia por desaparición.
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La falta de un marco legal en México para tipificar el reclutamiento forzado hace complejo el tratamiento jurídico de casos como estos, considera el especialista en derecho penal, Joseph Irving Olid Aranda.
Mientras tanto, el reclutamiento no cesa y las acusaciones alcanzan a funcionarios. Las indagatorias de la FGR sobre el Rancho Izaguirre apuntaron al presidente municipal de Teuchitlán, José Ascención Murguía, quien está preso y vinculado a proceso por delincuencia organizada, señalado de facilitar la operación del CJNG en los centros de adiestramiento localizados en su territorio. (Información de Connectas)
EL DATO
Los casos documentados, las rutas identificadas y las detenciones de servidores públicos muestran que el reclutamiento forzado y los centros de adiestramiento no son hechos aislados, sino parte de una estructura operativa que ha funcionado durante más de una década en Jalisco y estados vecinos.
