Más Información
Mireya María Zuleta Monsiváis, titular del Órgano Interno de Control (OIC), es señalada por realizar presuntos actos de intimidación y hostigamiento laboral contra el personal a su cargo, por lo que fue denunciada ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, encabezada por Raquel Buenrostro.
De acuerdo con la parte denunciante, la funcionaria sugiere que dichas conductas podrían operar como una “cortina de humo” para impedir la difusión de presuntas irregularidades al interior del Instituto Politécnico Nacional (IPN), que dirige Arturo Reyes Sandoval.
En la denuncia realizada por medio de correo electrónico se da a conocer todo el historial de irregularidades que rodean a la titular del OIC, entre las que destacan que diversas empresas han señalado anomalías de la funcionaria para favorecer a determinadas compañías y refieren supuestas reuniones con representantes de firmas calificadas como “muy sospechosas”.
Lee también: Noche de Murciélagos 2025: celebra el Día de Muertos en el Ajusco
A esto se suma la controversia por un antecedente de carácter familiar. Según información judicial, Benjamín Zuleta Monsiváis, quien es identificado como hermano de la acusada, fue sentenciado por fraude genérico continuado.
La Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México confirmó una pena de siete años y seis meses de prisión en el toca 151/2016, ratificando lo dictado por el Juzgado 44 Penal del Reclusorio Preventivo Norte, además de imponer una multa de $35,100 y la reparación del daño por $4,677,336.
De acuerdo con el expediente, entre 2005 y 2009 el sentenciado laboró como contador y simuló realizar declaraciones y pagos de impuestos de un cliente.
En ese periodo, el afectado y su empresa expidieron 61 cheques a su favor como constancia de entrega de recursos para la autoridad fiscal, lo que no ocurrió.
En el proceso, el señalado presentó copias simples de recibos bancarios para sostener que los pagos se efectuaron —alegando extravío de originales—; sin embargo, una verificación ante el SAT no encontró registros ni coincidencia de montos u operaciones.
También se acreditó que los recibos fueron cobrados en instituciones financieras, por lo que los magistrados confirmaron su responsabilidad penal y la sentencia.
Se espera que las instancias correspondientes determinen si existen irregularidades en la actuación de la titular del OIC del IPN y, en su caso, definan responsabilidades.
