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Cuando un solo partido controla los procesos legislativos, como ocurre en China y en México, el control de la información es un bocado muy fácil de comer.
Con el apoyo de las mayorías legislativas de Morena, el Sistema de Administración Tributaria (SAT) ha pedido que se agregue un artículo al Código Fiscal de la Federación que, como ocurre en China desde 2019, le dé acceso directo y permanente, sin que un juez tenga que autorizarlo, a la información de las plataformas digitales que operan en México, desde servicios de streaming hasta aplicaciones de transporte, comercio electrónico, citas y hospedaje.
La propuesta de “adicionar" al estilo chino un nuevo artículo 30-B del Código Fiscal de la Federación ya fue aprobada por la Cámara de Diputados, la madrugada del 16 de octubre pasado, por lo que actualmente se encuentra en revisión en el Senado.
De ratificarse, obligaría a Netflix, Spotify, Uber, Rappi, Amazon o Airbnb, entre otras similares, a abrir sus sistemas al fisco en tiempo real a los datos que sirvan para verificar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, incluidos los personales de todos y cada uno de sus clientes. Como en China.
El modelo ha generado efectos colaterales en el gigante asiático: además del encarecimiento para los consumidores por la sobrecarga administrativa, varios proveedores extranjeros, incluyendo Airbnb, redujeron sus operaciones argumentando inseguridad jurídica y costos regulatorios adicionales.
AUDITORÍA ‘LIVE’
El objetivo de la reforma, según el SAT, es fortalecer la fiscalización en la economía digital, asegurar el pago correcto de impuestos y detectar discrepancias entre los ingresos que las plataformas declaran ante el SAT y los que realmente obtienen por sus operaciones en el país.
Las plataformas que se nieguen a compartir esta información podrían enfrentar el bloqueo temporal de sus servicios en territorio nacional, una medida que ha generado alarma entre organizaciones civiles y especialistas en protección de datos porque dejaría sin servicio e ingresos a millones de mexicanos.
Además, especialistas ven la posibilidad de que la autoridad pretenda integrar la huella digital de estas empresas a su sistema de verificación automática, lo que permitiría identificar de manera más rápida a compañías o personas físicas que no registran adecuadamente sus ingresos derivados de la economía digital.
En teoría, el acceso del SAT se limitaría únicamente a datos fiscales. Sin embargo, la redacción actual de la reforma no especifica qué campos o tipos de información quedarán incluidos, y los detalles de la implementación de esta “auditoría live” se definirán posteriormente. El SAT prevé la entrada en vigor de esta inspección permanente a partir de abril de 2026.
Diversas organizaciones de la sociedad civil, como Internet MX, han solicitado que se especifiquen límites claros sobre qué información podrá consultar el SAT, cómo se protegerán los datos personales de millones de usuarios mexicanos y qué mecanismos de control existirán para prevenir posibles abusos de autoridad.
Lo que es un hecho es que el esquema propuesto por la administración de Claudia Sheinbaum emula las prácticas de fiscalización digital en tiempo real que operan en China desde 2019, cuando inició su sistema de vigilancia digital exhaustiva sobre el comercio electrónico, bajo la dirección de la Administración Estatal de Impuestos.
Las autoridades chinas justificaron la medida como herramienta para combatir la evasión fiscal, el lavado de dinero y las plataformas ilegales, además de incorporar la economía digital al sistema de crédito social del país.
Los resultados muestran un aumento significativo en la recaudación tributaria digital —aproximadamente 30% según reportes de 2022—, aunque organizaciones internacionales como Human Rights Watch y Privacy International han denunciado prácticas de vigilancia masiva sin controles judiciales adecuados.
