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La Asociación de Internet MX rechazó categóricamente la aprobación expedita del Artículo 30-B del Código Fiscal, incluido en el Paquete Económico 2026. Desde su punto de vista, la medida trasciende sus objetivos recaudatorios para convertirse en un sistema de vigilancia sin precedentes en México.
La organización que representa a la industria tecnológica advirtió que la disposición otorgaría al Servicio de Administración Tributaria (SAT) una “llave maestra” para acceder de manera permanente e irrestricta a las bases de datos de plataformas digitales que operan en el país. Aunque el gobierno sostiene que esta facultad fortalecería la lucha contra la evasión fiscal, la Asociación de Internet MX subraya que la medida crearía un entorno de intrusión gubernamental sin límites procesales claramente establecidos.
El principal riesgo identificado por la organización radica en la exposición masiva de datos privados. El acceso en tiempo real y sin restricciones a sistemas que procesan información de millones de usuarios mexicanos “comprometería la privacidad de ciudadanos” sin que medien garantías judiciales adecuadas.
Los representantes de la asociación compararon la medida con permitir que autoridades fiscales entren a los domicilios de ciudadanos sin orden judicial, basándose únicamente en verificar el cumplimiento de obligaciones tributarias.
Pero eso no es todo: más allá de la privacidad, la organización identificó consecuencias que podrían alcanzar dimensiones sistémicas. Las sanciones por incumplimiento establecidas en la normativa permitirían que el SAT, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) ordenen el bloqueo completo de plataformas digitales en territorio nacional. Un escenario de esta naturaleza generaría lo que los especialistas de la asociación denominaron una “muerte digital” que afectaría a decenas de millones de usuarios y causaría pérdidas económicas incalculables para empresas de todos los tamaños.
La medida también contravendría compromisos internacionales suscritos por México. La Asociación de Internet MX subraya que el Artículo 16 constitucional y tratados como la Convención Americana de Derechos Humanos establecen protecciones contra la intrusión estatal en la privacidad personal, familias, domicilios y comunicaciones privadas. Ninguno de estos derechos puede ser vulnerado sin orden judicial fundamentada y motivada, que establezca causa probable, requisitos que la normativa actual no contempla.
Desde una perspectiva económica, la disposición desincentivará la innovación digital y expondrá secretos industriales de empresas mexicanas. Las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) que dependen del ecosistema digital para sobrevivir enfrentarían riesgos sin precedentes de que información competitiva sensible sea conocida por autoridades con acceso irrestricto. Este escenario podría precipitar un retorno a modelos de negocio físicos con menor potencial fiscal, socavando la meta gubernamental de expandir la recaudación tributaria.
La Asociación también alertó sobre vulnerabilidades de ciberseguridad. Al concentrar acceso a bases de datos críticas en sistemas gubernamentales interconectados, la medida crearía una “puerta trasera” que delincuentes cibernéticos podrían explotar.
Precedentes recientes, como la filtración masiva de credenciales del SAT en 2024 o la venta de registros del INE, demuestran que las dependencias oficiales tienen serios problemas de ciberseguridad, por lo que una “llave maestra” de este tipo amplificaría exponencialmente esos riesgos.
PROPUESTA ALTERNATIVA
Paralela a sus objeciones, la Asociación de Internet MX presentó una propuesta alternativa basada en auditorías selectivas con orden judicial, actualización periódica de datos en lugar de monitoreo en tiempo real, limitación clara del alcance de información accesible, protección de secretos industriales, sanciones proporcionales que no impliquen bloqueos de servicios, regímenes simplificados para PyMEs y un periodo piloto de validación antes de la aplicación generalizada.
Los dirigentes de la organización coincidieron en reconocer la legitimidad de las preocupaciones gubernamentales respecto a la evasión fiscal y el lavado de dinero. Sin embargo, enfatizaron que estos objetivos pueden alcanzarse sin sacrificar derechos fundamentales que la Constitución y el derecho internacional garantizan.
