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La propuesta de reforma a la Ley de Telecomunicaciones ha generado dudas entre la población. Por ello, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró durante la Conferencia del Pueblo que el objetivo es crear un nuevo organismo que defienda el derecho de la gente a comunicarse.
“El objetivo de la ley es primero eliminar a la COFECE (Comisión Federal de Competencia Económica) y al IFT (Instituto Federal de Telecomunicaciones), como ya se estableció en la Constitución. Ahora debemos crear un organismo que asuma las funciones que tenía la COFECE, que garantice la competencia para reducir precios, aumentar oportunidades para empresas y evitar monopolios. Así, en sustitución de COFECE, nace el Organismo Antimonopolio.
Por otro lado, el organismo que regulaba la Ley Federal de Telecomunicaciones, el IFT, desaparece y algunas de sus atribuciones pasarán a la Comisión de Competencia Antimonopolio, a la Agencia de Transformación Digital y otras a la Secretaría de Comunicaciones e Infraestructura y Transportes. Además, por primera vez se da oportunidad de supervivencia y promoción a las radios comunitarias, especialmente en comunidades indígenas”, explicó Sheinbaum.
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La presidenta también señaló que se busca que el internet llegue a todos, principalmente a los 15 millones de mexicanos sin cobertura 4G: 10 millones por falta de infraestructura y 5 millones por no poder pagar el servicio.
“Queremos llevar cobertura a esos lugares. Por ejemplo, existe una legislación en Brasil, que tomamos como modelo, donde el sector privado puede ofrecer cobertura gratuita sobre derechos de concesión. Además, queremos que CFE Internet para Todos tenga más facilidades para ampliar su cobertura. Estos cambios son fuertes, pero buscan beneficiar a México y a los mexicanos, sin impedir que los privados sigan trabajando normalmente”, afirmó.
En este sentido, el titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, José Antonio Peña Merino, detalló que la nueva ley pretende mejorar el acceso a las telecomunicaciones en todo el país.
“Regula todo el ecosistema de telecomunicaciones: concesiones de espectro, despliegue y explotación de infraestructura, posiciones orbitales (satélites), uso comercial, social y público, interconexión, calidad de servicios, gestión de derechos de audiencias y usuarios”, indicó.
Peña Merino destacó que hay al menos 10.2 millones de personas menores de 14 años sin cobertura de internet y 4.4 millones más con cobertura pero sin recursos para contratar el servicio. México es uno de los países con el costo más alto por GB, con un precio promedio de 5.22 dólares, según la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU).
Durante la administración anterior, se entregaron 2.9 millones de tarjetas SIM con 5 GB mensuales gratuitos y mil 500 minutos para llamadas, pero aún así solo el 92% de la población vive en zonas con cobertura: 96% en localidades mayores a 2,500 habitantes; 62% en localidades menores a 2,500 y 26% en zonas con menos de 200 habitantes. El gasto promedio mensual en conectividad es de 721 pesos; para el 10% más pobre, el gasto es de 247 pesos, lo que representa el 6% de su ingreso total.
La nueva ley busca conectar a todas las mexicanas y mexicanos. El espectro para uso público se utilizará para internet gratuito en oficinas gubernamentales y espacios públicos, mientras que el espectro para uso comercial, como CFE, tendrá igualdad de condiciones que los privados.
Eliminación del artículo 109
Peña Merino informó que se eliminó el artículo 109 de la reforma, que permitía solicitar el bloqueo temporal de plataformas digitales en ciertos casos. Este artículo fue “malinterpretado” y originalmente buscaba armonizar la regulación con la Ley del IVA. Para evitar dudas, se decidió eliminarlo.
Sin embargo, el artículo 120 permanece, prohibiendo en televisión y radio la transmisión de propaganda política, ideológica o comercial de gobiernos extranjeros, salvo promoción turística, cultural o deportiva, y restringiendo la comercialización de espacios digitales para esos fines.
Impulso a la radio comunitaria y revisión a concesiones
La presidenta destacó que la reforma también impulsa las radios comunitarias de pueblos originarios, otorgándoles libertad para su desarrollo. Además, se recupera el derecho de las audiencias para distinguir entre información y opinión, y para que los ciudadanos puedan presentar quejas ante contenidos falsos o engañosos, similar a mecanismos como PROFECO.
Finalmente, las concesiones de televisiones y radiodifusoras se otorgarán por períodos prolongados y serán validadas por un organismo colegiado con participación ciudadana designada por el Senado.
*Nota optimizada con IA, bajo la supervisión de un periodista*
