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Por: Jorge Medellín
El Vigésimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito resolvió que es infundado el recurso de queja interpuesto por el Gobierno de la Ciudad derivado del retiro del campamento migrante en la colonia Vallejo, alcaldía Gustavo A. Madero.
Esto, luego de que las autoridades capitalinas presentaran un recurso de queja en contra de la suspensión provisional que el Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP) otorgó a 91 migrantes habitantes de dicho campamento, para evitar su “traslado forzoso” a un albergue.
Dentro de la resolución del Tribunal también quedó estipulado el conceder la suspensión provisional solicitada por los migrantes, a fin de que el traslado del campamento ubicado en Vallejo sea planeado y ordenado, y se vincule al Instituto Nacional de Migración (INM).
El pasado 25 de abril 91 personas en contexto de movilidad que habitan en el campamento migrante de la colonia Vallejo interpusieron una suspensión provisional de la mano con el IFDP, que fue concedida por el juzgado décimo de distrito en materia administrativa.
Al respecto, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, declaró el pasado 6 de mayo que el Poder Judicial y la Defensoría —que depende del Poder Judicial— “han entorpecido la dignificación de la vida de los migrantes en la Ciudad de México”.
Cabe recordar que la Coordinación General de Atención a la Movilidad Humana de la Secretaría de Gobierno había iniciado el desalojo del campamento migrante que se ubica sobre la zona de vías en Vallejo, pero derivado de estos recursos legales quedó suspendido su traslado a albergues.
En entrevista con EL GRÁFICO, la directora general del IFDP, Taissia Cruz Parcero, afirmó que “estas suspensiones que se han concedido es para una protección inmediata, paraque el traslado se dé en condiciones de respeto a los derechos humanos y, sobre todo, de manera informada y planificada”.
Dijo que el IFDP ha ofrecido asesoría y acompañamiento legal a personas en contexto de movilidad que habitan en la Ciudad de México desde 2023, especialmente en casos en los que el INM ha intervenido en desalojos de los habitantes de estos asentamientos.
Sobre las declaraciones de la jefa de Gobierno, Cruz señaló que no buscan entorpecer la labor de ningún gobierno, sino garantizar los derechos de sus representados, porque temen que los muevan del campamento y dejen a su voluntad.
Son 91 las familias que habitan un campamento en Vallejo, pero se rehúsan a dejar lo que consideran su hogar.
