Los avances en materia jurídica para apoyar a las mujeres que presentan denuncias por diversos abusos facilitan la aplicación de la ley, pero son derechos garantizados para todas, aseguró la abogada Amelia de la Rosa.
Por ello, comentó, las denunciantes que acusan cualquier tipo de abuso o agresión, como física, verbal, psicológica o económica, cuentan con el apoyo de litigantes, ministerios públicos y jueces que se capacitan en perspectiva de género para atenderlas sin revictimizar o minimizar los asuntos.
En el marco del Día Internacional de la Mujer, la litigante puntualizó que actualmente las mujeres pueden protegerse de manera legal, buscando asesorías con especialistas en derecho familiar, con perspectiva de género, que les otorgan órdenes de protección y medidas cautelares para protegerlas.
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Cuando hay amenazas, mensajes o incumplimientos, se pueden acercar a instancias como el MP o la fiscalía especializada en violencia familiar para levantar una denuncia.
En el caso de las mujeres violentadas que de alguna manera buscan divorciarse, solamente deben solicitarlo y es más fácil que lo obtengan porque está causado.
De la Rosa reconoció que desde que los derechos de las mujeres son más visibles, aumentaron las demandas de divorcio, pensión alimentaria e incumplimiento de obligaciones y custodia.
Además, comentó que ella, como sus colegas y jueces se han capacitado en perspectiva de género para brindar una mejor atención.
Violencia vicaria, de las más agresivas
La especialista en materia familiar destacó que la violencia vicaria es una de las formas más crueles de violencia de género, porque el agresor no sólo ataca a las mujeres, sino que usa a sus propios hijos como herramienta para dañarla.
“Hay casos donde se manipula a los menores contra la madre y se sacrifica la convivencia o incluso se les arrebata, en ocasiones, la custodia sin justificación alguna.
Resaltó que la nueva entrada en vigor del Código de Nacional de Procedimientos, Civiles y Familiares, publicado en 2023, afortunadamente ya reconoce este tipo de violencia y establece que los jueces deben aplicar la perspectiva de género y sobre todo el interés superior de la niñez.
