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Hoy, ir de la Fuente de Petróleos a la Estela de Luz en bicicleta es muy sencillo para quien disfruta el carril del camellón de Paseo de la Reforma.
Dos ciclistas tuvieron que morir atropellados por un camión de transporte público para que esa obra fuera construida. Una de ellas fue Montserrat Paredes, estudiantes de 21 años, que en noviembre próximo cumplirá 10 años de haber fallecido en la calle.
Su letal atropellamiento, como 603 más que ocurren cada año en la Ciudad de México, no ha sido lo suficientemente convincente para que los diputados de la capital terminen el proceso legislativo para armonizar la Ley de Movilidad.
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Esta mañana, representantes de la sociedad civil y familiares de víctimas de siniestros viales, incluido Gabriel, padre de Montserrat Paredes, presentaron un paquete de propuestas para acelerar este paso.
Porque, contrario a lo deseable, el Congreso capitalino está por aprobar un calendario de revisión del texto votado por el Congreso de la Unión que retrasa este proceso legislativo hasta julio de 2026.
En conferencia de prensa, las organizaciones destacaron que la CDMX registra anualmente 604 muertes y más de 2,100 personas lesionadas por siniestros viales, situación que califican como una emergencia de salud pública que requiere atención inmediata.
Entre las propuestas presentadas, los representantes civiles solicitaron que los foros de discusión sobre la armonización legislativa se realicen con base al dictamen de ley ya aprobado y que tengan una duración máxima de tres meses.
"La movilidad segura no es un privilegio ni una concesión de los gobiernos en turno, es un derecho humano fundamental", señaló Erick Antonio Ochoa de Salud Justa Mx, quien recordó que desde noviembre de 2022 venció el plazo para armonizar la ley local con la federal, por lo que los diputados locales están en omisión legislativa, misma que se ha extendido por más de dos años.
Stephan Brodziak de El Poder del Consumidor subrayó que la falta de armonización impide contar con una base jurídica local para implementar políticas públicas y actualizaciones al reglamento de tránsito que ayuden a reducir las muertes y lesiones viales.
Las organizaciones civiles proponen que la nueva legislación local incluya regulaciones específicas para controlar los principales factores de riesgo: alcoholemia al conducir, exceso de velocidad, uso obligatorio del cinturón de seguridad y sistemas de retención infantil, uso de cascos certificados para motociclistas, y prohibición de conducir usando celulares y otros distractores.
Guadalupe Avendaño de Automex exigió que "las autoridades competentes armonicen la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial y la Ley de Movilidad de la CDMX, y así apliquen la ley de manera rigurosa y sin excepciones. La seguridad vial no debe ser solo un trámite administrativo, debe ser una herramienta de prevención y seguridad".
10 AÑOS SIN MONSE
Durante el encuentro con los medios de comunicación, Gabriel Paredes, padre de Montserrat Paredes Alva, compartió su testimonio. Montserrat, usuaria de Ecobici de 21 años, fue atropellada por un autobús de transporte público concesionado el 17 de noviembre de 2015 en Paseo de la Reforma.
En su momento, la Contraloría del gobierno de Miguel Ángel Mancera aseguró que la joven estudiante había tenido la culpa al circular por un carril compartido.
“Se trató de un hecho y circunstancia consentido por la misma Montserrat, puesto que se colocó por su propia voluntad en ese evento, es decir, no fue obligada y aceptó un riesgo, como toda persona que circula en la megalópolis de la Ciudad de México", decía uno de los considerados de la resolución de la Contraloría que se filtró a la prensa.
El caso de Monse evidenció, además, fallas en el sistema de procuración de justicia cuando, posteriormente, la Fiscalía capitalina tuvo que separar de su cargo al Ministerio Público encargado de la investigación por pérdida de confianza.
El conductor del autobús de la empresa Reforma Bicentenario se dio a la fuga la noche del incidente y fue presentado ante las autoridades hasta el día siguiente.
Este caso provocó manifestaciones de organizaciones ciclistas que exigieron al entonces gobierno de Miguel Ángel Mancera garantías de seguridad para los ciclistas, recordando que Montserrat fue la segunda persona usuaria de Ecobici que perdió la vida en un incidente de tránsito, tras el fallecimiento de un joven de 32 años en 2014.
Las organizaciones participantes esta mañana hicieron un llamado al Congreso de la Ciudad de México, a la Secretaría de Movilidad y a la Jefa de Gobierno para atender con urgencia esta obligación pendiente desde 2022 y garantizar un proceso de armonización que responda a las necesidades de seguridad vial de la población.
